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INDEMNIZACIÓN DE HASTA EL 50% DE LOS BIENES ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL MATRIMONIO

PROCEDE INAPLICAR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, CUANDO SE DEMOSTRÓ QUE AMBOS CÓNYUGES CONTRIBUYERON A SU ADQUISICIÓN, PERO SÓLO UNO DE ELLOS APARECE COMO PROPIETARIO.


Con motivo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, procurando siempre la protección más amplia para la persona; lo que implica que las autoridades jurisdiccionales del orden común, para hacer respetar esos derechos, tienen facultades para inaplicar los dispositivos o porciones normativas que contravengan esos ordenamientos. Ahora bien, el artículo 277 del Código Familiar para el Estado de Michoacán abrogado, establece: "Al demandar el divorcio, los cónyuges podrán reclamar del otro, una indemnización hasta del cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubieran adquirido, durante el matrimonio, siempre que: I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y, III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. El Juez de primera instancia, en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso.". En dicho numeral se contiene una especie de compensación económica que tiene como propósito equilibrar las inequidades patrimoniales que enfrenta uno de los cónyuges cuando se decreta el divorcio, por no haber obtenido bienes u obtenerlos en cantidad menor, al haberse dedicado a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Se trata pues, de una indemnización destinada a corregir aquellas situaciones de enriquecimiento o empobrecimiento injusto que se presente en uno de los cónyuges al disolver el régimen patrimonial de separación de bienes. De ese modo, el requisito que establece la fracción II del artículo citado consiste en que, quien pide la indemnización se haya dedicado, preponderantemente, al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos; no debe ser exigible cuando queda acreditado que ambos cónyuges trabajaron y contribuyeron del mismo modo para la adquisición de los bienes; en cuyo caso, procede inaplicar la fracción aludida, con el fin de equilibrar la desigualdad económica que genera en perjuicio de uno de los cónyuges el hecho de que la mayoría de los bienes aparezcan sólo a nombre del otro, por afectarse el derecho humano a usar y disfrutar los bienes que legalmente le corresponden y a no ser privado de ellos sino mediante el pago de una indemnización justa, como lo establecen los numerales 1 y 2 del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; inaplicación que procede en atención al principio de mayor beneficio previsto en el artículo 1o. constitucional.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.



Amparo directo 861/2015. 27 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Ma. Alvaro Navarro. Secretario: Jorge Alejandro Zaragoza Urtiz.
Esta tesis se publicó el viernes 21 de abril de 2017 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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